lunes, 31 de marzo de 2008


Existe en la tradición oral del pueblo saharaui una maldición que dice: ¡Qué Dios te envíe a la Hamada! La Hamada es una meseta desértica y pedregosa azotada por las condiciones climáticas más extremas tanto en invierno como en verano, condiciones que son bien conocidas por los más de 175.000 refugiados saharauis que viven desde hace más de 30 años en esta zona de Argelia. Su reivindicación es simple: quieren que les sea devuelta su soberanía como pueblo y volver a la tierra que les pertenece, el Sahara Occidental, y que está ilegítimamente ocupada por Marruecos.
La ONU y gran parte de la diplomacia internacional apuestan por la celebración de un Referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida si quiere pertenecer al Reino de Marruecos o si prefiere que éste abandone la ocupación de su territorio. Sin embargo, Marruecos desoye sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU y mantiene a la población de los territorios ocupados en un verdadero apartheid, ante la impasibilidad e incluso la connivencia internacional. ¿Por qué no se presiona a Marruecos para que cumpla la legalidad internacional? ¿Cuál es la causa de que en este conflicto no intervengan las fuerzas pacificadoras de la ONU?

La ocupación marroquí del Sahara Occidental
Lo que hoy se conoce como Sahara Occidental (SO) se corresponde con el territorio de la antigua provincia del Sahara Español. Su configuración, se acordó mediante diversos tratados por los que se repartía el Magreb entre Francia y el Estado español a principios del siglo XX. El SO limita al norte con Marruecos, al sudeste con Mauritania, al este con Argelia, en muy poca extensión, y al oeste con el Océano Atlántico, teniendo más de 1000 kilómetros de costa.
El estado legal del territorio y la cuestión de su soberanía permanecen aún por resolver. Se encuentra bajo el control del Reino de Marruecos desde que el Estado español lo abandonara a su suerte en 1975 y constituye el único proceso de descolonización que queda pendiente en África en pleno siglo XXI. La presencia de colonización efectiva española en el SO se remonta a 1934. Pero a finales de 1960, la ONU, de acuerdo con la resolución 1514 de su Asamblea General, ratifica la declaración para la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y recomienda al Gobierno español que lleve a cabo un referéndum de autodeterminación en el SO, incluyendo a éste en la lista de los territorios que debían ser descolonizados. El Gobierno español elude las recomendaciones de la ONU con una serie de maniobras dilatorias como el intento de establecer una Autonomía. Ante la lentitud a la que se estaba llevando a cabo el proceso de descolonización del SO, y la creciente organización y alzamientos a favor de la independencia de la población, la juventud saharaui constituye, a finales de 1967, el “Movimiento de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro” que pretendía una autonomía del territorio bajo la tutela española hasta alcanzar su independencia total. Este movimiento fue descabezado con la desaparición por parte de las fuerzas de ocupación de su líder, Mohamed Sidi Ibrahim Basir (Basiri), tras los enfrentamientos ocurridos entre éstas y los militantes del movimiento durante una manifestación antigubernamental en junio de 1970

El nacionalismo del pueblo saharaui fue robusteciéndose en la clandestinidad hasta que, en mayo de 1973, se creó el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO) de características básicamente anticoloniales. Se producen a partir de entonces y hasta junio de 1975 una serie de ataques a puestos, patrullas y convoyes españoles. Este movimiento, al que se adhieren cada vez más jóvenes y mujeres, adquiere rápidamente una aceptación general dentro de la población.
Ante la creciente inestabilidad del territorio, en agosto de 1974, el gobierno español anuncia su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sahara a principios de 1975. Marruecos, que ya en 1957 había reclamado los territorios del SO que estaban bajo protectorado español, reacciona política y diplomáticamente para paralizar la consulta que sabe le resultará adversa planteada en términos de independencia o anexión al Estado español. El 17 de septiembre de ese mismo año, Hassan II propone al Gobierno español y a la ONU acudir al Tribunal Internacional de Justicia para que se dictamine si el territorio del SO era res nullius (tierra de nadie) en el momento de la colonización española, en cuyo caso aceptaría el referéndum, o si existían títulos jurídicos de Marruecos sobre el Sahara, solicitando entonces que la ONU recomendara negociaciones directas entre Rabat y Madrid. Para apoyar su postura, Marruecos recurre a Mauritania, con quien negocia el futuro reparto del SO.
A comienzos de 1975, el Gobierno español permite una misión de la ONU que comprueba que “dentro del territorio, la población, por lo menos casi todas las personas entrevistadas, estaban categóricamente a favor de la independencia y en contra de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania”. Al regreso de la misión, el Gobierno español manifiesta su deseo de retirarse del SO cuanto antes, llegando incluso a insinuar un traspaso de poderes a los saharauis sin referéndum previo, emulando lo que había hecho Portugal en Mozambique. Sin embargo, y a pesar de los compromisos del gobierno con la ONU, existía en el Estado Mayor español una facción que se decantaba por la entrega del territorio a Marruecos a cambio de determinadas ventajas, criterio que se impondría paulatinamente.
En octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya concluía que no existían lazos de soberanía territorial entre Marruecos o Mauritania y el SO y por lo tanto en nada había que modificar la aplicación de la resolución 1514 (XV) en cuanto a la descolonización del mismo, pero que existía un lazo jurídico de sumisión entre el sultán y algunas de las poblaciones nómadas del territorio. En esta afirmación se apoya Hassan II para justificar la recuperación del SO y anunciar la Marcha Verde, una marcha de 350.000 civiles con el pretexto de una ocupación pacífica del territorio pero que evitaría que la ONU aprobase una resolución en la que el referéndum fuera ya inevitable.
El 17 de octubre de 1975, tras una serie de negociaciones con Marruecos, el Gobierno español decide en Consejo de Ministros, de manera secreta, el abandono del Sahara en manos de Marruecos. El 21 de octubre se pone en movimiento la Marcha Verde y tres días antes se da la orden secreta de evacuar el territorio, dejando abandonadas a la población civil y a las fuerzas del Sahara. El 30 de octubre, antes de que la Marcha Verde haya alcanzado la frontera saharaui, las Fuerzas Armadas Reales marroquíes invaden el territorio, sin protesta alguna por parte del estado español, produciéndose numerosos enfrentamientos con las fuerzas del Frente POLISARIO. El gobierno marroquí hace caso omiso de todos los llamamientos de pacificación de la ONU y el 6 de noviembre ya hay 50000 marroquíes dentro del Sahara. No es hasta que el gobierno español le ofrece las suficientes garantías que Hassan II desconvoca la Marcha Verde. La entrega del SO a Marruecos se formaliza en los Acuerdos Tripartitos de Madrid, entre el 12 y el 14 de noviembre de 1975, estableciendo el fin de la presencia española en el territorio. El protocolo bilateral entre el Gobierno español y Marruecos preveía sustanciosos acuerdos de pesca, la fijación y la indemnización de bienes, el reconocimiento de inmuebles del Estado español en el Sahara y la cooperación de Mescala (un yacimiento de fosfatos), pero absolutamente nada de esto se llevó posteriormente a efecto. Oficialmente, la presencia española en el SO finalizó el 26 de febrero de 1976.
Parece ser que la Marcha Verde fue proyectada por un gabinete de estudios estratégicos localizado en Londres y financiado por Arabia Saudita, con el auspicio de EEUU, cuyo secretario de estado, Henry Kissinger, había manifestado su inclinación por la anexión del Sahara a Marruecos. El Gobierno español no pareció preocuparse por el tema, aún teniendo cierto conocimiento de los propósitos marroquíes. Numerosos intereses internacionales operaban a favor de la cesión del SO a Marruecos. Un Sahara independiente en la órbita de Argelia y Libia suponía un hueco en el sistema defensivo occidental. Por otra parte, desde la “Revolución de los Claveles” en Portugal (1974), para los EEUU era fundamental reforzar el flanco atlántico africano consolidando la posición de Hassan II. Convenía impedir que el Sahara se convirtiera en un estado independiente bajo la inspiración y la influencia de una Argelia surgida de la Revolución y una Libia hostil, que conseguirían una comunicación directa entre el Mediterráneo y el Atlántico. A ello se unían los intereses de Francia, inclinada a mantener la estabilidad marroquí por sus privilegiadas relaciones económicas junto con las intenciones de construir un eje París-Madrid-Rabat-Nuackhott-Dakar, enfrentándose a la presencia argelina y sustituyendo la débil acción española en la zona.
Por su parte, el Gobierno español temía además que un Sahara independiente dominado por el Frente POLISARIO y apoyado por Argelia sirviera al movimiento para la autodeterminación e independencia de Canarias para acentuar su influencia en las islas. Además, se estaba negociando con Marruecos la concesión de dos bases militares y el olvido de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Existía también un número de empresas españolas interesadas en la economía marroquí, como FESA (Fertilizantes Españoles), Rumasa y Urquijo. La oficina marroquí de fosfatos se los cedía a FESA, que los devolvía transformados a cambio de fosfatos vendidos a precio de coste que FESA podía comercializar a en el mercado. Todo esto sin contar con las evidencias de políticos y financieros de los últimos gobiernos de Franco que habrían recibido grandes cantidades de dinero para que el Gobierno favoreciera la entrega del Sahara a Marruecos.

El exilio y la guerra
A partir del abandono de los españoles, se desencadenó una guerra abierta entre el Frente POLISARIO y Marruecos-Mauritania. A medida que el ejército Marroquí iba invadiendo las ciudades, la población huía y se refugiaba en campamentos en el desierto. Estos campamentos fueron bombardeados y rociados con NAPALM por la aviación marroquí y los saharauis huyeron entonces a territorio argelino, donde fueron acogidos en otros campamentos improvisados cerca de Tindouf y en los que permanecen desde entonces. El número de refugiados llegó a sobrepasar los 100.000 al término de 1976 y muchas madres vieron morir a sus hijos en la travesía del desierto.
El 27 de febrero de 1976 el Frente POLISARIO proclama, en la parte del Sahara aún libre de invasores, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y el 4 de marzo se formaba el primer gobierno. Se promulgó también una Constitución provisional, de marcado carácter social y progresista. La nueva República obtuvo inmediatamente reconocimiento internacional, aunque tímido al principio. En 1982, la RASD ingresó en la Organización de la Unidad Africana (OUA), lo que provocó la salida de Marruecos, y tuvo, a partir de 1979, una progresiva aceptación en la ONU. Ha sido reconocida por 46 países, la mayoría africanos y latinoamericanos, pero no por la Liga Árabe, ni la ONU, ningún país europeo (incluido el Estado español) y ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
En la larga y desigual guerra que se libró desde entonces, los saharauis recibieron apoyo de Argelia y al principio de Libia, y la otra parte recibió distintos tipos de ayuda, sobre todo norteamericana y francesa. Hay evidencias de la venta de armamento español a Marruecos y Mauritania, como puede deducirse de los tanques incautados al ejército marroquí construidos en la fábrica de Santa Bárbara, de Alcalá de Guadaira (Sevilla) que pueden verse en el museo de la guerra de los campamentos de refugiados de Tindouf.
En 1979, Mauritania abandona una guerra que no puede sostener y firma la paz con el Frente POLISARIO, cediéndole una parte del territorio que Marruecos se anexiona inmediatamente. La construcción entre 1980 y 1985 de un muro de protección del Sahara ocupado de más de 2000 km hace que la lucha armada del POLISARIO vaya perdiendo efectividad y que se imponga una solución política.
En 1985, el Secretario General de las Naciones Unidas, Pérez de Cuellar, en cooperación con el Jefe de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, inicia una misión conjunta para buscar una solución a la cuestión del SO. Las partes interesadas llegaron finalmente a un acuerdo que se concretaba en el “Plan de Paz de Naciones Unidas” de abril de 1991 y por el que se establecía el cese de las hostilidades y la celebración de un referéndum para que los saharauis pudieran ejercer su derecho a la autodeterminación y escoger entre la independencia o la integración en Marruecos. Un plan de paz que sería supervisado por una fuerza de la ONU creada a tal efecto, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). El 6 de septiembre de 1991 se firmaba el alto el fuego.

Las negociaciones pacíficas de resolución del conflicto
El referéndum era y sigue siendo la base del Plan de Paz, pero el problema básico hasta ahora ha sido determinar quién debe participar en él. La falta de consenso entre ambas partes en los sucesivos intentos de realizar el censo ha conducido a varios bloqueos del proceso y a distintos planes de la ONU para retomarlo. En este desarrollo, la política de Marruecos ha sido la de firmar acuerdos y aceptar las resoluciones de la ONU sobre el papel pero entorpecer constantemente la elaboración del censo, no permitiendo la libertad de movimiento de la MINURSO y de ACNUR y aprovechando el alto el fuego para aumentar el número de colonos marroquíes consolidando así su presencia y alterando el carácter demográfico del territorio. Ha llegado incluso a amenazar con disturbios si se llegaba a publicar alguna vez el censo electoral provisional que ya está elaborado.
Por su parte, el Frente POLISARIO se ha mantenido siempre en el respeto a los acuerdos por los que se firmó el alto el fuego y que determinaban que el censo estaría basado en el realizado en 1974 por la Administración española. Aún así ha llegado a aceptar la inclusión de 65.000 colonos marroquíes e incluso la posibilidad de que existiera un período de autonomía del territorio seguido de un referéndum de autodeterminación en el que se contemplara la opción de la continuidad como autonomía, además de la integración en Marruecos y la independencia. Como respuesta Marruecos ha tomado por fin una postura abiertamente en contra de incluir la opción de la independencia en cualquier negociación.
El continuo rechazo de Marruecos a permitir el referéndum, unido a una campaña de resistencia pacífica creciente en los territorios ocupados contra las autoridades marroquíes, ha llevado al Reino alauí a proponer recientemente una “tercera vía”, a la que el Frente POLISARIO se opone rotundamente: la concesión de un estado de autonomía.
Recientemente, el 18 y 19 de junio de 2007, volvieron a reunirse Marruecos y el Frente POLISARIO para continuar con las negociaciones bajo el auspicio de la ONU. Como era de esperar, ninguna de las partes se ha movido de su posición. Sin embargo, el carácter imparcial de esta negociación ha estado desequilibrado desde el principio, dejándose entrever en todo momento que la ONU planeaba utilizar la propuesta de autonomía como base de las negociaciones, eliminando del referéndum la opción de la independencia. Esto pone en entredicho, por primera vez en este conflicto, la calidad de mediador independiente y neutral, al menos oficialmente, de la ONU.
Parece que la administración Bush tiene prisa por resolver el conflicto y, dejando la diplomacia de lado, ha optado por apoyar abiertamente el plan de autonomía de Marruecos que, en palabras de su Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Políticos, Nicolas Burns, es ”una propuesta seria y creíble que asegura una autonomía real para el Sahara Occidental”. En la urgencia no escatiman ningún esfuerzo y comienzan a aplicar su ya conocida estrategia de tergiversación, en este caso de unos hechos reconocidos y contrastados en los diversos informes de la ONU y de organizaciones pro-derechos humanos, sosteniendo que “la paz ha sido sumariamente rechazada por los rebeldes del Frente POLISARIO” y que “el Frente POLISARIO obliga a la mayor parte de la población saharaui a vivir en los campamentos de refugiados”.

La explotación de los recursos naturales del SO
El territorio del SO comenzó a tener interés para el Reino de Marruecos a partir de que los datos correspondientes a 1974 publicados por el Banco Mundial lo convirtieran en el país más rico del Magreb y uno de los más ricos de África. Por una parte, la plataforma continental sahariana es una de las zonas pesqueras más ricas del planeta (el banco de pesca más importante del Norte de África y de Europa), con una extensión de más de 150.000 km2 y una gran diversidad de especies.
Y por otra, en la zona de Saguia el Hamra se encuentran los yacimientos de fosfatos a cielo descubierto más ricos del mundo: las minas de Bu Craa, con unos 84 km de largo y 15 km de ancho. Esto convierte al Sahara Occidental en el cuarto productor mundial de fosfatos, tras EEUU, Marruecos y la URSS. El subsuelo saharaui posee además otros recursos minerales: oro, plata, uranio, hierro, cobre, estaño y petróleo, aunque este último aún no se ha detectado en grandes cantidades.
La explotación de los recursos naturales del SO se contempla desde tres ámbitos de reglamentación diferentes: la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos, la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 sobre protección de las víctimas de los conflictos armados y la aplicación del principio de arreglo pacífico de controversias. Tres ámbitos con sus respectivos desarrollos jurídicos según los cuales puede concluirse que el pueblo saharaui tiene derecho permanente sobre estos recursos naturales y que el Frente POLISARIO es el único interlocutor válido en cualquier negociación relativa a la explotación o exploración de los mismos. Las contraprestaciones de la exploración por terceros deben revertir única y exclusivamente al pueblo saharaui. Además de la obligatoriedad de cumplimiento de estas leyes y de respuesta ante la justicia en caso de ser vulneradas. Sin embargo es Marruecos quien explota estos recursos, incurriendo en un acto de expoliación en contra del derecho y la legalidad internacional.
Son por todos conocidos los acuerdos de pesca que Marruecos establece con la UE y en concreto con el Estado español. En las aguas del SO pescan 35 flotas diferentes, las más importantes la japonesa y la rusa controladas por multinacionales y no sujetas a los paros biológicos requeridos ni al agotamiento de los caladeros. Según un informe de 2003, la mala gestión de estos recursos y la sobreexplotación de los mismos ha llevado a una reducción del 70% de los cefalópodos en la provincia del sur y una casi extinción de los mismos en las zonas consideradas como las más importantes para la reproducción del pulpo. Como consecuencia, un paro biológico de cefalópodos previsto inicialmente hasta diciembre de 2003 tuvo que prolongarse hasta abril de 2004, afectando seriamente al empleo de los pescadores de la zona.
En los acuerdos ilegales entre Estado español y Marruecos en 1975 para la cesión de los territorios, cuando la Office Cherifien de Phosphates (OCP) marroquí toma el control de la mina, se acordó que Estado español ostentaría un 35% de la empresa de explotación (FOSBUCRAA), participación que se redujo a un 12% en 1996 hasta que, en 2002, abandonó su participación. Desde 1975 hasta el año 2006 se han extraído de estas minas más de 40 millones de toneladas de fosfatos. En la actualidad, Marruecos posee el monopolio del mercado mundial de fosfatos, ya que otros países productores lo consumen internamente.
Existen múltiples empresas que adquieren ilegalmente fosfatos a la OCP procedentes de países tan diversos como el Estado español, EE.UU, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Venezuela, Colombia o China, que pretende financiar nuevas prospecciones minerales. Al Estado español pertenece FMC Foret (integrada en el Grupo de Productos Químicos Industriales de FMC Corporation-USA) ubicada en Huelva. Esta fábrica comenzó su actividad en 1968. Según la Western Sahara Resource Watch (WSRW), una red internacional de vigilancia y observación de los recursos naturales del SO, se ha estimado que al menos dos barcos pertenecientes a la naviera Ership SA, son los que más frecuentemente transportan fosfatos ilegales desde el puerto de El Aaiun hasta los muelles de la empresa. La WSRW ha demandado a la compañía numerosas veces el cese de estas actividades y ha solicitado reunirse con su presidente sin ningún éxito. Existe el precedente de YARA, la mayor compañía de fertilizantes del mundo, que gracias a esta estrategia decidió suspender su comercio de fosfatos procedentes de Bu Craa en 2005.
Por otra parte, desde que la OCP tomó el control de la explotación de Bu Craa, se han sucedido importantes pérdidas de oportunidades laborales para los más de 600 saharauis que trabajaban en la explotación hasta llegar a la marginación sistemática de su industria de fosfatos.
Desde la época colonial se vienen realizando prospecciones petrolíferas en el SO, aunque el Gobierno español nunca encontró reservas importantes. Actualmente se están realizando prospecciones en la costa africana desde el Golfo de Guinea hasta Marruecos. En 2001 se han hallado importantes yacimientos en la costa mauritana y eso incrementa las posibilidades de encontrarlos también en zonas cercanas, en especial en la región del SO. Ese mismo año, la Oficina Nacional de Investigaciones y Explotaciones Petrolíferas de Marruecos (ONAREP) concedió dos licencias para llevar a cabo trabajos de reconocimiento y estudios sísmicos que abarcaron prácticamente la totalidad de las aguas del SO que fueron repartidas entre la compañía estadounidense Kerr-McGee (un importante contribuyente del partido republicano con sede en Oklahoma) y la francesa Total-Fina-Elf. Esta última abandonó su trabajo en la zona en diciembre de 2004 alegando motivos comerciales, pero coincidiendo con una campaña internacional de presión orquestada por una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de 20 países. Asimismo, en junio de 2005, el gobierno noruego, tras mantener conversaciones con la RASD y con la ONG “Comité para el apoyo al Sahara Occidental”, anunciaba su retirada de la participación en esta compañía al considerar que se estaba cometiendo una violación grave de las normas éticas e internacionales y que el hallazgo de petróleo podría perjudicar los esfuerzos de la ONU por resolver el conflicto del SO. Tras la presión de Naciones Unidas y de los activistas pro saharauis, también la Kerr terminó abandonando sus actividades en el SO.
Sin embargo, estas compañías consiguieron realizar mapas detallados de potenciales depósitos petroleros en las aguas del SO. Estos datos y su procesamiento han sido vendidos por cerca de 2 millones de dólares a la compañía estadounidense Cosmos Energy, que firmó el 3 de mayo de 2006 un acuerdo con el gobierno de Marruecos adquiriendo derechos de operación en los bloques más prometedores de la costa saharaui (Bujdur). Esta empresa ha manifestado su intención de instalar el primer pozo de exploración en el SO en el año 2009. De la misma manera, en diciembre de 2006 se consedieron también licencias exclusivas de reconocimiento de la cuenca del Zag (o cuenca de Tindouf).
La situación actual en torno al petróleo del SO es de auténtica rapiña: multitud de empresas (como la TotalFinaElf) que se vieron forzadas a dejar sus operaciones en aguas del SO debido a la presión internacional han firmado acuerdos secretos con la compañía marroquí ONHYM (antigua ONAREP) que permitirían su rápido regreso tan pronto como la situación política mejore o empiecen las grandes operaciones de otras compañías. Especialistas en el sector no descartan que pequeñas compañías petrolíferas estén actuando como punta de lanza de multinacionales más establecidas, como la compañía “San León” relacionada con la Irlandesa “Island Oil”, cuyo 64% pertenece a empresas de Arabia Saudí.

Los intereses internacionales en la resolución del conflicto
Entre tanto, la resolución del conflicto parece dejada merced a la deriva que los intereses económicos y geoestratégicos de las distintas potencias interesadas marquen.
Fuentes estadounidenses dan por seguro que, si se encuentra petróleo en las aguas del SO, se desatará una carrera entre las petroleras y ciertos gobiernos para acceder a los recursos. La presencia de la Ker-McGee no es casual. EEUU busca diversificar sus fuentes de petróleo en África del Norte y África Occidental. Según un informe del Departamento de Energía de EEUU elaborado en 2001, para satisfacer las demandas energéticas norteamericanas son imprescindibles 4 zonas del mundo: Oriente Medio, el mar Caspio, África subsahariana, Colombia, Venezuela y México. Si hacemos un repaso a la política internacional norteamericana observaremos cómo la Administración republicana sigue al pie de la letra estos informes. Hasta ahora EE.UU. había sido un aliado de Marruecos en la zona. Basta decir que en 2004 firmó con Marruecos un Tratado de Libre Comercio que sólo es otorgado a firmes aliados de Washington como Jordania e Israel. El Gobierno estadounidense había garantizado siempre que no impondría una solución al conflicto. Sin embargo, en Abril de 2002, un día después de que Mohamed VI se entrevistara con G. Bush, cambia sorprendentemente su posición y propone la integración del Sahara en Marruecos. Meses después la compañía Kerr-McGee firmaba con Rabat los acuerdos de explotación de los posibles yacimientos petrolíferos del SO. Como es preceptivo en el sistema capitalista, siempre que se abre un mercado es necesaria la estabilidad política de la zona. Esta urgencia, en principio, podría desfavorecer una resolución del conflicto justa para el Frente POLISARIO. Sin embargo, nuevos intereses norteamericanos en la zona han puesto en juego también a Argelia, dadas las enormes inversiones en el sector de los hidrocarburos (petróleo y gas) que se están llevando a cabo y la gran importancia que este país ha cobrado en la lucha antiterrorista después del 11 de septiembre. EEUU también pretende la integración económica del Magreb, a fin de crear un nuevo mercado para la inversión estadounidense y, por lo que respecta a Argelia, se impone la resolución del conflicto a favor del referéndum de autodeterminación.
Por otra parte, también la UE tiene sus intereses imperialistas en la zona que no difieren mucho de los de EEUU. Más allá de los acuerdos de pesca, que los pescadores españoles han denunciado como pantomima, Marruecos ha firmado tratados de cooperación con la UE por los que, a cambio de constituirse como una frontera contra las olas migratorias y la expansión árabe y permitir la instalación de empresas europeas en suelo marroquí (donde la legislación laboral es de las más laxas y la ambiental ni existe), se le permite la exportación de productos agrarios. A cambio la UE se mantiene neutral en la cuestión del SO. Sin embargo, Francia, habitual aliada de Marruecos, también se ha unido a EE.UU. en la defensa de la solución autonómica bajo soberanía marroquí justo después de que, en julio de 2002 se firmaran los acuerdos de explotación de los yacimientos petrolíferos en el SO por la empresa francesa Total Fina.
Respecto a Marruecos, el SO es hoy, más que nunca, el gran callejón sin salida del futuro político de Marruecos. Esto dificulta por una parte la apertura democrática del reino alauí y su acercamiento a unidades supranacionales occidentales, como la Unión Europea. Por otra parte, las diferencias con Argelia, en las que está continuamente presente la postura de ambos países respecto al SO, obstaculiza el desarrollo de la idea del Gran Magreb o Magreb Unido.

La posición española
La postura del Estado español ha sido vergonzosa desde los inicios del conflicto y, lejos de hacer frente a sus responsabilidades en esta cuestión, ha preferido dejar en manos de la comunidad internacional las propuestas de resolución del mismo, cuando no ha alentado la ocupación ilegal del territorio mediante la venta de armas y la firma de tratados y convenios preferenciales con Marruecos en materia tanto económica como política. Ningún presidente de la democracia ha revocado nunca los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975. Ni siquiera Felipe González, que prometía en su programa electoral de 1982 dar una solución justa al problema a favor del pueblo saharaui y se permitió fotografiarse puño en alto en los campamentos de refugiados de Tindouf gritando “¡POLISARIO vencerá!”.
En la votación de la 4a resolución de la ONU a favor del referéndum de autodeterminación aprobada por la mayoría de los estados europeos, el gobierno español mantuvo una postura abstencionista. Según Iratxe García, eurodiputada socialista, “la postura del PSOE es la de buscar una solución compartida por las partes”. ¿Desde cuándo alguien que incumple la legalidad tiene derecho a negociar las condiciones de restitución de la misma?.
El actual gobierno del Estado español, encabezado por Rodríguez Zapatero ha declarado reiteradamente su intención de intervenir directamente para buscar una solución al conflicto del SO. Sin embargo, no es menos cierto que entre el conjunto de gestos y declaraciones de los responsables diplomáticos españoles es difícil adivinar una posición clara y firme a favor del ejercicio de la autodeterminación del pueblo saharaui. Hace menos de dos meses, la empresa Iberdrola ha cerrado un acuerdo con la Oficina Nacional de Electricidad marroquí para realizar el estudio de viabilidad de dos parques eólicos, uno de ellos en el territorio del SO ocupado. Para el Estado español, además, admitir el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui lo pondría en contradicción con su propia política interna.
Sin embargo, la actitud del gobierno español contrasta con el imparable crecimiento de la corriente de solidaridad que la causa del pueblo saharaui ha venido despertando en la población a medida que se afianza el conocimiento de su situación. Miles de familias acogen cada verano a niños saharauis para proporcionarles, durante tres meses, la energía y la fortaleza necesaria para soportar el crudo invierno de la Hamada. Nuestro deber como ciudadanos de este estado tendría que ser el de encauzar toda esa solidaridad al plano político, porque política y no humanitaria es la solución del conflicto, y exigir al Estado español la asunción de sus responsabilidades históricas, morales y legales y su implicación en una resolución favorable a la autodeterminación libre y democrática del pueblo saharaui.

El pueblo saharaui
El pueblo saharaui se encuentra dividido entre los territorios ocupados, los territorios liberados y los campamentos de refugiados de Tindouf.
Los territorios liberados son una zona que está bajo control del Ejército Popular de Liberación Saharaui en el que sólo una pequeña cantidad de familias nómadas viven, dada su naturaleza de zona de choque y potencial combate.
La mayor parte del territorio saharaui permanece ocupada por Marruecos. Los territorios ocupados se encuentran protegidos por el ya mencionado muro, a través del cual se controla el paso a los territorios del SO y del que poco eco se han hecho los medios de comunicación occidentales. El paso está cerrado al turismo y a la prensa. Dentro de estos territorios, Marruecos continúa vulnerando los derechos humanos desde los inicios de la ocupación, manteniendo a la población saharaui en un perfecto apartheid. Estas violaciones se traducen en una represión violenta sobre la totalidad de la población civil saharaui, que se encuentra sometida a un aparato represivo de más de 250.000 agentes marroquíes, número que dobla al de la población autóctona. A pesar de la presencia de la MINURSO, persisten las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias, las torturas sistemáticas, los allanamientos de domicilios y las condenas que violan las normas del debido proceso, sobre todo a sindicalistas y miembros de organizaciones independentistas.
Mientras tanto, más de la mitad de la población saharaui continúa viviendo en los campamentos de Tindouf. Habitan en jaimas y pequeñas casa de adobe, y dependen exclusivamente de la ayuda internacional, una ayuda que la ONU pretende recortar contemplando a un número de refugiados de 90.000, contra los 165.000 que ha censado el propio ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). Además se encuentran en un estado permanente de vulnerabilidad ante las catástrofes naturales.
Es admirable que, en semejantes condiciones, el pueblo saharaui haya sabido organizarse social y políticamente en un estado que avanza y sigue preparándose para el momento en que le sea devuelta su soberanía y su dignidad. Esto jamás habría sido posible sin el papel decisivo que optó por tomar la mujer saharaui. Dado que la mayor parte de los hombres se hallaban movilizados en el ejército, las mujeres asumieron desde el principio la organización de la vida en los campamentos.Estas mujeres han logrado un nivel de asociación y representación política muy superior a la de las demás mujeres del Magreb y lo suficientemente relevantes como para modificar algunas costumbres ancestrales paralizantes. Sobre ellas recae el esfuerzo administrativo en general y el educativo, sanitario, económico y cultural.
La educación es la piedra angular de la sociedad saharaui en los campamentos de refugiados. Cuando el gobierno español abandonó el SO, no había ninguna mujer saharaui capacitada profesionalmente y la gran mayoría era analfabeta. Las primeras escuelas, atendidas por las “maestras de experiencia” se crearon de manera clandestina en los territorios ocupados, sin medios materiales, usando la arena como pizarra y cuaderno. Actualmente, todos los nacidos o crecidos en los campamentos reciben una educación digna y suficiente, y muchos de ellos reciben formación técnica y universitaria en diferentes países, fundamentalmente Cuba y Argelia. Todos los años se realizan campañas de alfabetización para paliar la herencia del pasado.
Los ánimos del pueblo saharaui no son, ni mucho menos, los de darse por vencidos, aún con el riesgo y a veces el azote de la bajada de moral y desesperación que caracteriza a los asedios largos. No es raro oír a los jóvenes hablar de una vuelta a las armas ante la petición de paciencia por parte de los líderes del Frente POLISARIO. Marruecos se prepara para esta posibilidad y aprovechando la coyuntura internacional de la “guerra contra el terror” ha lanzado ya en los periódicos la noticia de que Al Qaeda recluta miembros entre el Frente POLISARIO en el norte de Mauritania. Una nueva justificación que apuntan las últimas declaraciones del Secretario de Estado Adjunto de EEUU para los Asuntos del Próximo Oriente, David Welch, ante el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de los EEUU de que los campamentos de refugiados presentan “potencialmente un tentador y seguro refugio para los planes o actividades terroristas”.

Parece claro que la irresolución del conflicto no es el resultado de la falta de voluntad del POLISARIO, que ha ido cediendo en sus exigencias llegando incluso a garantizar los intereses estratégicos y económicos de Marruecos si se les permitiera la independencia total. Más bien representa el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU, como consecuencia del veto francés y norteamericano, para colocar el asunto del SO bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Eso daría a la Comunidad Internacional el poder necesario para imponer sanciones u otras medidas para forzar al régimen marroquí a acatar los mandatos de la ONU. Es el SO un ejemplo práctico de la política de doble rasero de la comunidad internacional que le lleva a desplegar sus fuerzas de paz y protección allí donde sus intereses están en juego y dejar a otros pueblos abandonados a su suerte.
Tiene la bandera saharaui tres colores: el verde, el blanco y el negro. El verde simboliza la esperanza, el blanco la paz y el negro la angustia. Desde hace 32 años ondea en los atardeceres de Tindouf con el negro hacia arriba aguardando, tenazmente, la independencia de su pueblo. ¿Cuánto más tendremos que esperar para ver por fin el verde hacia arriba?